Quito, 29 August 2018

Los Daños por pérdida de productividad en arbitraje internacional: Hacia una apertura de los daños indemnizables en la tradición continental

Félix Antolín, Senior Associate, Albagli Zaliasnik, Chile

Las controversias de construcción tienen hoy un rol preponderante en los arbitrajes comerciales internacionales. De acuerdo a las estadísticas de 2015 de la Cámara de Comercio Internacional (‘CCI’), un 25% de todos los arbitrajes ingresados a la institución ese año correspondieron a arbitrajes de construcción, y un 20% del total se trataron de diferencias relativas a la industria de la energía.1

Este boom en las disputas que se han presentado en esta materia es natural, por cuanto se trata usualmente de grandes proyectos de infraestructura, que están sujetos a cuantiosas inversiones y a múltiples relaciones contractuales y sub-contractuales. Por este motivo, resulta de interés actual analizar uno de los aspectos más relevantes que suele tener todo conflicto, como son los daños reclamables y, especialmente, una de las particularidades que en este punto tienen los claims y demandas en la industria de la construcción: la pérdida de productividad.

La pérdida de productividad es, al menos en su origen, un concepto más propio de las ciencias económicas que del Derecho. En efecto, el término ‘productividad’ en su segunda acepción, de acuerdo a la Real Academia Española, es ‘[c]apacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc’.2

Precisamente en relación a la mano de obra es donde la industria de la construcción, por años, ha tenido una especial preocupación y desarrollo en la productividad, ya sea en la elaboración de formas de medir la producción de sus trabajadores, cuadrillas y equipos, así como de proyectar dicha productividad en el tiempo. Es así como la productividad, en el ámbito jurídico y de resolución de controversias, se ha convertido en un activo de los contratistas en proyectos de construcción; y, a su turno, la pérdida de dicho activo se ha considerado como un daño indemnizable.

La pérdida de productividad, como daño objeto de reparación, tiene su origen y desarrollo jurídico principalmente en el Derecho Anglosajón. Aproximadamente desde los años 80’, en el contexto de los contratos de concesiones y construcción con el gobierno de Estados Unidos, las empresas contratistas comenzaron reclamaciones relativas al impacto en costo y plazo que las variaciones o modificaciones del proyecto les causaban en la planificación proyectada de sus trabajos, y por ende en la productividad de sus trabajadores. El gran desarrollo jurisprudencial en esta fase inicial fue obra de Dispute Boards, establecidos especialmente para resolver controversias de esta índole en contratos de obras públicas.3

Desde sus inicios y hasta la actualidad, el principal tema con los daños indemnizables por pérdida de productividad tiene relación con su existencia y cuantificación. En efecto, se han elaborado varios tests por el Case Law para determinar cuándo una conducta, atribuible al mandante, produce que los trabajadores del contratista disminuyan su productividad. Desde el test del Cardinal Change, que exigía un cambio significativo en las condiciones del proyecto o en los trabajos encomendados para que realmente pudiera entenderse que había producido la pérdida de productividad alegada, se han ido estableciendo estándares más flexibles y dinámicos para evaluar las conductas que pueden ocasionar esta clase de daño.4

Por cierto, con el paso del tiempo, el desarrollo de la pérdida de productividad llegó a Latinoamérica, especialmente en proyectos de gran envergadura con inversionistas extranjeros, pasando entonces, naturalmente, a la esfera de los arbitrajes internacionales. Es en este punto donde, tanto los abogados litigantes como los tribunales arbitrales, se encontraron ante una disyuntiva cada vez más frecuente: la dicotomía entre los daños indemnizables conforme al derecho aplicable - entiéndase, de tradición continental - y la importación de un tipo de daño reconocido y validado en otras jurisdicciones.

En efecto, en los sistemas jurídicos predominantes en Latinoamérica, por regla general solo tres clases de daños son indemnizables: el daño emergente, el lucro cesante, y el daño moral o reputacional. A esta trifecta se ha sumado, vía desarrollo doctrinario y jurisprudencial o vía disposición legal en los Códigos Civiles más modernos, la pérdida de chance u oportunidad.5 Sin embargo, de un somero análisis de estas categorías, aparece como un ejercicio muy artificial el incluir a la pérdida de productividad en alguna de ellas. El daño emergente supone un daño material o real, efectivo y no virtual o proyectado, donde no encajaría la pérdida de productividad. Asimismo, ésta tampoco encuadra con el lucro cesante, porque la productividad proyectada no es una ‘ganancia’ o ‘lucro’, sino que una proyección del recurso humano del contratista para ejecutar un proyecto en tiempo y forma.

Así las cosas, nos encontramos ante un desafío ya presente en determinados arbitrajes y claramente en ciernes con el auge de los arbitrajes de construcción. Los tribunales arbitrales tendrán la difícil tarea de, bajo el respeto al derecho aplicable a la controversia, analizar si dichas normas permiten - o no - la indemnización de un tipo de daño extraño a tal sistema, y cómo se construye el alcance de ese reconocimiento. Por nuestra parte, quienes trabajamos o intervenimos en arbitraje internacional, también debemos propender a soluciones que, con creatividad, permitan superar la tensión entre categorías de daños aparentemente cerradas y una legítima reclamación por un perjuicio no incluido en dichas categorías.

Res judicata y arbitraje

Christophe Cachat, Associate, Cuatrecasas, Mexico City

¿Qué debería decidir un árbitro cuando una parte opone una excepción de res judicata?

El tema planteado en el presente artículo refleja una problemática concreta de gran importancia. Con el desarrollo económico de América-latina y el uso creciente del arbitraje en dicha región, se multiplican los contratos que, por su naturaleza o su largo plazo, pueden generar procesos paralelos, o bien controversias sucesivas. Tomaremos el ejemplo siguiente para resaltar el interés práctico del tema: Un contrato de generación de energía que se celebra para ejecutarse en el largo plazo. Ulteriormente, se inicia por segunda vez un arbitraje relativo al ajuste de la tarifa que se debe al contratista, sobre un periodo distinto al del primer arbitraje, que se debe al contratista, mismo que alega ahora que los temas de competencia y de interpretación ya fueron resueltos.

¿Cuál es la naturaleza de la excepción res judicata? ¿Cuál es concretamente su alcance? ¿Quid del impacto de la decisión sobre su competencia de un tribunal arbitral sobre el segundo?

El primer desafío, consiste en determinar la naturaleza de la excepción res judicata: ¿Consiste en un tema de competencia o de admisibilidad? El dilema tiene consecuencias prácticas importantes. Primero, sobre la posibilidad para el árbitro de conocer del fondo del asunto. Si el árbitro califica la excepción como un obstáculo a su competencia, no podrá conocer del fondo; al contrario, si decide relacionarla a la admisibilidad de un reclamo, tendrá la obligación de resolver el fondo del caso. Consideramos que la excepción corresponde a un tema de admisión: Su objeto no se relaciona con el alcance de los poderes conferidos al tribunal arbitral, sino con la acción misma y su ejecución por su titular. El hecho de que exista una decisión firme sobre una pretensión significa que la acción correspondiente ya fue consumida. Segundo, tiene consecuencias sobre la oportunidad de anular el laudo y sobre el fundamento de dicho proceso. Por ejemplo, las cortes francesas consideran que la excepción res judicata es de interés privado: el juez no es competente para controlar el razonamiento del árbitro sobre dicha excepción.6 Sin embargo, la violación del principio de res judicata se sanciona sobre el terreno de la inconsistencia entre decisiones judiciales. El juez francés se negará a reconocer la validez de un laudo inconsistente con otra decisión, protección que se considera de orden público. Contrasta dicha posición con la solución adoptada en Suiza, donde se considera que la excepción res judicata es de orden público procesal: aunque califica de tema de fondo, se admite el recurso de anulación en contra del laudo emitido sin observar el efecto de cosa juzgada.7

La segunda dificultad reside en el alcance del efecto de cosa juzgada: ¿Sólo aplica a la parte dispositiva de una decisión, o también a las determinaciones subyacentes de una decisión? La complejidad aparece en cuanto a los elementos del razonamiento del tribunal arbitral y de los argumentos presentados por las partes. La respuesta varía según la ley aplicable al tema de res judicata. En los países civilistas, sólo tiene efecto de cosa juzgada la parte dispositiva, aunque el juez tenga la posibilidad de tomar en cuenta los elementos del razonamiento para facilitar la determinación exacta de lo que revete efecto de cosa juzgada. Al contrario, en los países de tradición del common law, se distingue entre el efecto de cosa juzgada de la parte dispositiva (claim estoppel) y de los elementos necesarios para la decisión (issue estoppel): las determinaciones realizadas por el juez sobre los hechos y el derecho vinculan al tribunal que ulteriormente se constituye aun si la controversia no sea idéntica.8 Una parte podría por ejemplo alegar que, en un precedente arbitraje, el tribunal adoptó una interpretación contractual o legal como premisa favorable a sus intereses, tal como si existiría entre las mismas partes un principio de stare decisis. Asimismo, bajo el derecho anglo-sajón, la excepción res judicata es más amplía que en los países de derecho romano.

La última complejidad se relaciona con el efecto de cosa juzgada de una decisión sobre la jurisdicción emitida por un tribunal arbitral y su impacto sobre un arbitraje ulteriormente iniciado. Dos acercamientos son posibles. Primero, se puede considerar que el árbitro, quien no tiene en si jurisdicción sino una competencia puntual sobre una controversia, debe decidir sobre su competencia sin consideración a que la objeción jurisdiccional que se debatió en otro proceso sea idéntica. El árbitro es el único juez de su propia competencia conforme al principio Compétence-Compétence, lo que impide que pueda limitarse a declarar que la decisión sobre su competencia fue definitivamente resuelta por otro árbitro. Segundo, se puede alternativamente considerar que el principio Compétence-Compétence fue consumido por el tribunal arbitral primeramente constituido, por lo que el segundo tribunal arbitral podría legítimamente, para promover la consistencia de las decisiones y la seguridad jurídica, observar la decisión del primer tribunal.9

En conclusión, el efecto de cosa juzgada es una herramienta legal relevante para reducir el riesgo de inconsistencias por la existencia de procesos paralelos o sucesivos. Excepción al carácter puntual de la misión del árbitro y –según el derecho aplicable– a la ausencia del principio de stare decisis, el efecto de cosa juzgada privilegia la seguridad jurídica entre las partes en la ejecución de una misma operación económica. Por otro lado, aparece indispensable para los practicantes del arbitraje dominar la teoría general de dicha excepción, así como de las sutilezas que surgen según la sede y el derecho aplicable al efecto de cosa juzgada.

¿Estamos listos para árbitros sintéticos?

José María de la Jara, American Bar Association Rule of Law Initiative, Peru

Alejandra Infantes, Researcher, PsychoLAWgy and Ergonomic Laboratory - Technological University of Arequipa, Peru

La eficiencia es uno de los objetivos centrales del ser humano. Ansiamos emplear menos tiempo y esfuerzo para conseguir mejores resultados. En la época de las cavernas, ello nos llevó al desarrollo de herramientas. Tras la revolución industrial, ese impulso se tradujo en el reemplazo de mano de obra por máquinas. Actualmente, buscamos sustituir el trabajo intelectual por máquinas inteligentes en cada vez más ámbitos, incluyendo aquellos que podrían parecer tabú como el sistema de administración de justicia.

Hoy en día, distintas máquinas compiten por ofrecer los pronósticos más acertados del resultado de un caso. Sistemas como Watson, Ross o Lex Machina, tienen la capacidad de revisar miles de sentencias, procesar información en unos segundos y pronosticar el resultado de casos con gran precisión. De hecho, las máquinas han alcanzado un 98% de precisión en 26 segundos en percibir riesgos en acuerdos de confidencialidad, en comparación al 85% en 92 minutos alcanzado por los abogados humanos.10

Estos sistemas inteligentes se presentan como el modelo de árbitro ideal. Son agentes totalmente racionales, que toman decisiones calculadas y sin atajos mentales. Ellos no tendrán problemas de agenda para fijar una audiencia, no demorarán en emitir el laudo ni solicitarán un aumento de sus honorarios.

A pesar de sus beneficios, consideramos que, al día de hoy, los árbitros humanos no pueden ser reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

El aspecto más publicitado de la justicia automática es que las máquinas no cometerían errores humanos. Se cree que las computadoras no incurren en atajos mentales, por lo que serían imparciales y emitirían mejores decisiones.11 ¿Podrían ser los robots quienes nos salven de nuestra fallida naturaleza humana?

Se debe tener en cuenta que, los sesgos cognitivos no siempre son errores del diseño humano. Desde una perspectiva evolutiva, éstos constituyen sofisticados mecanismos desarrollados durante miles de años, con el objetivo de adaptarnos al ambiente. Dichos atajos no son fallas en nuestra evolución, sino más bien características que nos permitieron sobrevivir.12 De hecho, distintos sesgos continúan siendo hoy tan útiles como lo eran para nuestros antepasados. Por ejemplo, el sesgo de optimismo pareciera contaminar la estimación de probabilidades de éxito de un caso pero también facilita nuestro desarrollo. Como una vez dijo un reconocido árbitro, ‘muchas personas han querido ganar el Premio Nobel y fracasaron. Pero incluso los que "perdieron", en realidad ganaron: su esfuerzo los llevó a una mejor posición de la que se encontraban originalmente’. De otro lado, los sistemas inteligentes son hijos del trabajo intelectual del pensamiento humano. Éstos dependen de sus creadores y de la información con la que son alimentados para poder aprender. Es por ello que las máquinas inteligentes también heredan los sesgos mentales de sus programadores.13 De hecho, los sistemas inteligentes han sido criticados por adquirir una característica humana profundamente perjudicial: los prejuicios raciales. Por ejemplo, el algoritmo del sistema COMPAS juzgó a las personas afroamericanas con un contundente 77% de probabilidad de reincidencia en actividades delictivas y 63% mayor probabilidad de reincidencia en actividades violentas en comparación con otras categorías étnicas.14

Además, los mecanismos de justicia automática han sido venerados por carecer de emociones que supuestamente nublarían su razonamiento. ¿Es ello realmente así? Partamos comprendiendo que para decidir en situaciones que involucran a otras personas, requerimos de la habilidad cognitiva-emocional llamada Teoría de la Mente, que permite atribuir estados mentales a otros y tiene como punto de partida el reconocimiento propio. Lamentablemente, las máquinas no son conscientes de su propia existencia.15 Sin embargo, ellas no pueden monitorearse ni ser conscientes de sus sesgos al momento de decidir, capacidad que sí tienen las personas cuando toman una decisión social. Entonces, postular que una decisión sin emoción es mejor significaría que la evaluación solo se basa en datos verbales y procesamiento lógico. Ello presenta un panorama incompleto. La administración de justicia demanda un sistema de cognición complejo que incluye a las emociones y a la empatía para que los juzgadores puedan comprender los orígenes de la controversia y las expectativas de las partes. Como indican Nappert y Flader, ‘la falta de adecuado reconocimiento de las reacciones emocionales de las partes posiblemente obstaculiza la comprensión del caso por parte de los árbitros, ya que ignora el papel desempeñado por las emociones de las partes en las circunstancias que originaron la disputa’.16 Por ello, una decisión legal no puede ser aún delegada a las máquinas. El mayor error de cualquier sistema es pretender ser racional, en un mundo incierto, ignorando que son las emociones las que guían nuestras decisiones en la incertidumbre diaria.17

Finalmente, vale recordar que el sistema arbitral se basa en la confianza. Las partes solo se apartan de la justicia ordinaria ahí donde el arbitraje ofrece un servicio más rápido, transparente y con mejores decisiones. En este aspecto, la justicia automática nuevamente presenta barreras; y es que, los procesos desplegados dentro de las redes neuronales carecen de justificación teórica, mostrándose como una ‘caja negra’ que ni sus programadores terminan de comprender del todo, y menos aún los usuarios ajenos al lenguaje digital.

En conclusión, la inteligencia artificial también incurre en errores, carece de características humanas básicas como la empatía para comprender los factores que originaron la controversia y su funcionamiento aún resulta indescifrable para los usuarios. Por estas razones consideramos que no podemos confiar en los árbitros robot … por ahora.18

O dever de coerência do árbitro na arbitragem comercial

Vitor Silveira Vieira, Associate, MRTC Advogados, Brazil

É objeto de crescente atenção a transparência na arbitragem. Nesse sentido, a publicação de sentenças arbitrais tem sido particularmente debatida, sendo esta inclusive a maior exigência dos litigantes pela transparência nas arbitragens comerciais.19 Apesar de ainda serem poucas as sentenças publicadas, há inegável tendência de fortalecimento dessa prática.20

A partir desse contexto, surgem indagações quanto a possível exigência de uniformidade nas decisões arbitrais e qual a sua extensão.21

Inadequação dos institutos da jurisprudência e do precedente arbitrais. Decorre do princípio da igualdade – imposto a qualquer Estado Democrático de Direito e aposto explicitamente em algumas leis de arbitragem,22 além de implicitamente pela Convenção de Nova Iorque 23 – a necessidade de casos semelhantes serem decididos de forma igual ou análoga aos casos passados.24

Em vista disso e da tendência de maior transparência com a publicação de sentenças arbitrais, fala-se em jurisprudência ou precedentes arbitrais, com alto ou baixo grau de força persuasiva perante outros tribunais arbitrais.25 Ocorre que tais categorias pressupõem a existência de ordenamento e institucionalidade uniformes 26 de modo a justificar a intenção de lhes conferir observância.27 Assim, para afirmar a existência de jurisprudência arbitral deveria admitir-se, conforme proposto por Emmanuel Gaillard, a existência de ordem jurídica arbitral consistente em padrão internacional de arbitragem advindo de exercício de direito comparado.28 Tal entendimento, contudo, não prospera. Ordem jurídica pressupõe uma unidade institucional capaz de exigir conformidade aos seus preceitos,29 o que inexiste na arbitragem, mesmo nacional, dado o caráter casuístico do instituto.30 Desse modo, seria atécnica a menção a precedentes ou jurisprudência arbitrais,31 apesar de tais decisões poderem servir de exemplo para decisões futuras.

O dever de coerência do árbitro. Inadmissível a qualificação das decisões arbitrais como jurisprudência ou como precedentes, mesmo que persuasivos, erige-se a exigência do árbitro ser coerente com suas próprias decisões, como um autoprecedente,32 de modo a assegurar a igualdade das decisões respeitando o caráter pulverizado da arbitragem.

A partir da publicação de sentenças arbitrais com os nomes dos árbitros (o que se imagina ser tendência inevitável para os próximos anos), entende-se que as partes poderão então questionar o árbitro acerca da coerência de sentença proferida no seu caso com sentença anterior já publicada, devendo o árbitro justificar a adequação, distinção ou superação da decisão anterior. Na falta de justificativa do árbitro quanto a possível distinção ou superação do entendimento anteriormente exarado, pode-se cogitar da nulidade ou não reconhecimento da segunda sentença arbitral, seja pela violação do princípio da igualdade processual, seja pela garantia geral de due process. Tal argumento desbordaria das noções normalmente aplicadas para o princípio da igualdade processual e da garantia geral de due process de modo que teria difícil (embora não impossível) aceitação por cortes estatais.

Invariavelmente, o dever de coerência do árbitro deve, no mínimo, ser visto como dever correlato à sua investidura, quer sob o ponto de vista contratual quer sob o ponto de vista ético, podendo-se cogitar da aplicação de eventuais sanções administrativas pela instituição arbitral, quando for uma arbitragem institucional (tais como redução de honorários, exclusão de lista, ou proibição para atuar em novas arbitragens sob sua administração, etc).

Com a vindoura publicação de sentenças arbitrais em arbitragens comerciais deve-se passar a cogitar não da criação de precedentes ou jurisprudência arbitrais, mas sim de dever imposto ao árbitro de proferir decisões coerentes com as anteriores, garantindo-se o tratamento igualitário aos jurisdicionados de modo adequado ao contexto pulverizado da arbitragem.


1
https://www.uscib.org/icc-arbitration-posts-strong-growth-in-2015/.

2
http://dle.rae.es/?id=UH8mXZv.

3
Ver, para una explicación detallada sobre el origen histórico de los claims por pérdida de productividad en Estados Unidos, ‘Lost Productivity: Claims for the Cumulative Impact of Multiple Change Orders’, Reginald M. Jones, en Public Contract Law Journal, Vol. 31, No.1, Fall 2001.

4
Icónico es el trabajo de Charles A. Leonard titulado ‘The Effects of Change Orders on Productivity’ (1988), en que estableció que sobre un porcentaje de órdenes de cambio emitidas por el mandante, éstas impactaban la productividad del contratista.

5
Tal es el Caso del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

6
C. Debourg, ‘Imbroglio d’outils de résolution des inconciliabilités de décisions: ordre public international, autorité de chose transigée et perte de fondement juridique’, note sous Cass. civ. 1re, 28 mars 2013 et Paris, Pôle 1, Ch. 1, 4 décembre 2012’, Rev. Arb., 2013 - issue 2.

7
Sobre este tema, ver C. Seraglini, ‘Le droit applicable à l’autorité de la chose jugée dans l’arbitrage’, Rev. Arb., 2016 - issue 1, párra. 9 – 10.

8
International Law Association, Interim Report: ‘Res judicata’ and Arbitration, pp. 6 – 13, available at https://www.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/columbia-arbitration-day/files/ila_interim_report_on_res_judicata_2004.pdf.

9
En este sentido, ver C. Debourg, ‘L’autorité de la chose jugée des décisions relatives à la compétence arbitrale’, Rev. Arb., 2016 - issue 1, párra. 35 - 38.

10
M. Jia (8 March 2018), ‘Now the lawyers have lost to AI, What is the future of law?’, https://www.topbots.com/future-of-law-legal-ai-tech-lawgeex/

11
J. Grisanti (April 2018), ‘Trust the Data: How to Counteract Human Cognitive Biases’, https://www.aunalytics.com/2015/04/30/trust-the-data/

12
M.G. Haselton, D. Nettle, P.W Andrews, ‘The evolution of cognitive bias’, en D. Muss, The Handbook of Evolutionary Psychology (2005, John Wiley & Son) pp. 724-746.

13
G. Dimitropoulos (2017), ‘Artificial Intelligence, Human Behavior and the Law: Behavioral Standards as Process Standards for AI’, Artificial Cosmoi and the Law, Atenas, obtenido de https://www.ucl.ac.uk/laws/events/2017/jul/artificial-cosmoi-and-law.

14
J. Angwin, J. Larson, S. Mattu, L. Kirchner, ProPublica (23 May 2016): ‘How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm’ (https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm/); ‘How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm’, https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm/;‘Machine Bias’(https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing).

15
S. Pappas (13 de April de 2017), ‘Artificial Intelligence Is Racist, Too’, https://www.livescience.com/58675-artificial-intelligence-learns-biases-from-human-language.html.

16
S. Nappert, D. Flader (2010). ‘Psychological factors in the arbital process’ en D. Bishop (ed.), The Art of Advocacy in International Arbitration.

17
N. Naqvi, B. Shiv, A. Bechara (2016), ‘The Role of Emotion in Decision: A Cognitive Neuroscience Perspective’, Current Directions in Psychological Science, 15(5), pp. 260-264, http://sites.csn.edu/science/Biology/Emotion%20in%20Decision%20Making.pdf.

18
Para mayor referencia, ver: Y. Baur, B. Reid, F. Fitter (16 Jan. 2017) ‘How AI Can End Bias’, http://www.digitalistmag.com/executive-research/how-ai-can-end-bias; N. Bostrom, E. Yudkowsky, ‘The ethics of artificial intelligence’, Machine Intelligence research institute, https://intelligence.org/files/EthicsofAI.pdf; G. Casey, A. Moran (2012), ‘The computational metaphor and cognitive psychology’, Irish Journal of Psychology; L. Caviola, A. Mannino, J. Savulescu, N. Faulmüller (2014), ‘Cognitive biases can affect moral intuitions about cognitive enhancement’, Frontiers in Systems Neuroscience; L. Cosmides, J. Tooby (1994), ‘Better than rational: Evolutionary psychology and the invisible hand’, American Economic Review, Vol. 84/2, 327-332, https://www.cep.ucsb.edu/papers/aer94.pdf; J. De la Jara, A. Infantes, D. Palma (2017), ‘Machine Arbitrator: Are We Ready?’, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/05/04/machine-arbitrator-are-we-ready/; N. Economou (3 Oct. 2017), ‘A “principled” artificial intelligence could improve justice’, http://www.abajournal.com/legalrebels/article/a_principled_artificial_intelligence_co uld_improve_justice/; S. Fan (1 Nov. 2017), ‘Here’s How to Get to Conscious Machines, Neuroscientists Say’, https://singularityhub.com/2017/11/01/heres-how-to-get-to-conscious-machines-neuroscientists-say; D. Johson, D. Blumstein, J. Howler, M. Haselton, ‘The evolution of error: error management, cognitive constraints, and adaptive decision-making biases’, Trends in ecology & evolution (Aug. 2013), pp. 443-496; G.M. Diggs Jr. (2016), ‘Evolutionary Mismatch: Implications Far Beyond diet and exercise’, https://jevohealth.com/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1057&context=journal; J.-C Pomerol (1999) ‘Artificial intelligence and human decision making’, European Journal of Operational Research, Vol. 99/ issue 1, 3-25.

19
C.A. Rogers, ‘Secrecy and Transparency in Dispute Resolution: Transparency in International Commercial Arbitration, The University of Kansas Law Review, nº 54, junho 2006, p. 1301-1302.

20
C. Drahozal, ‘Is Arbitration Lawless?’, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 40, outono, 2006, p. 212, embasando a afirmação em pesquisa empírica realizada.

21
Report of the Committee on International Commercial Disputes of the Association of the Bar of the City of New York, ‘Publication of International Arbitration Awards and Decisions’, American Review of International Arbitration, vol. 25, nº 1, 2014, p. 3 and available at https://www2.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072645-PublicationofInternationalArbitrationAwardsandDecisions.pdf.

22
Art. 182(3) da Lei de Direito Internacional Privado Suíça; Art. 21, §2º da Lei Brasileira de Arbitragem; Art. 62 do Projeto de Lei de Arbitragem Internacional Argentino.

23
Pela cláusula geral de due process, art. V(1)(b).

24
N. Maccormick, Retórica e o Estado de Direito: Uma Teoria da Argumentação Jurídica, Trad. Conrado Hübner Mendes e Marcos Paulo Veríssimo (Elsevier, 2008) p. 191; Z. Bankowski, N. Maccormick, L. Morawski, A.R. Miguel, ‘Rationales for Precedent’ in Interpreting Precedents: a Comparative Study (Ashgate Publishing Limited, 1997) p. 487-488.

25
K.P. Berger, ‘The International Arbitrators' Application of Precedents’, Journal of International Arbitration, Vol. 9, nº 4, 1992, p. 20; G. Kaufmann-Kohler, ‘Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse’, Arbitration International, vol. 23, nº 3, 2007, p. 962 e ‘Is consistency a myth?’ in Precedent in International Arbitration (Juris Publishing, 2008) p. 146-147; A. Mourre, ‘Precedent and Confidentiality in International Commercial Arbitration: The case for the Publication of Arbitral Awards’ in Precedent in International Arbitration, op. cit. p. 41; E. Loquin, ‘A la recherche de la jurisprudence arbitrale’, Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 20, jan-mar/2009, p. 149-174; G. Born, International Commercial Arbitration, Vol. III: International Arbitration Agreements, 2ª ed (Kluwer International, 2014), p. 3824- 3827.

26
M. Taruffo, ‘Dimensioni del Precedente Giudiziario’, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, v. 48, nº 2, 1994, p. 416 e ‘Precedente e Jurisprudência’, Revista de Processo, Ano 36, vol. 199, setembro/2011, p. 143-145.

27
M. Taruffo, ‘Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria’, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, v. 48, n. 1, 1994, p. 28-29.

28
E. Gaillard, Aspects Philosophiques du Droit de l’Arbitrage Internacional (Académie de Droit International de la Haye, 2008) p. 61-62.

29
S. Romano, L’ordre juridique (Dalloz, 1975) pp. 10, 16, 28.

30
G. Guillaume, ‘The use of Precedent by International Judges and Arbitrators’, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 2, nº 01, 2011, p. 14; S.S. Cremasco; T.E. Silva, ‘O Caráter Jurisdicional da Arbitragem e o Procedente Arbitral’, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte: UFMG, n. 59, jul/dez. 2011, p. 393-399.

31
Assim entendo mesmo para o caso de se tratar de ‘jurisprudência’ ou ‘precedente’ persuasivo, pois em tal caso há intenção de uniformidade no sentido de que a decisão deveria ser seguida (A. Peczenik, ‘The Binding Force of Precedent’ in N. Maccormick, R.Summers (eds.), Interpreting Precedents: a Comparative Study, Ashgate Publishing Limited, 1997, p. 467-468, o que não se coaduna com o caráter difuso da arbitragem).

32
Sobre o auto-precedente: M. Taruffo, ‘Dimensioni del Precedente Giudiziario’, op. cit., p. 417; C.A. Salles, ‘Precedentes e Jurisprudência no Novo CPC: Novas Técnicas Decisórias?’, in O Novo Código de Processo Civil: Questões Controvertidas (Atlas, 2015) p. 83; J.R.C. Tucci, ‘O Regime do Precedente Judicial no Novo CPC’ in Coleção Grandes Temas do Novo CPC, Vol. 3: Precedentes (Juspodivm, 2015) p. 456.