Desde la perspectiva del arbitraje de inversión, el presente trabajo se centra en un análisis del marco normativo en materia de protección al inversor, es decir, los acuerdos internacionales de inversión, y la interpretación que los tribunales arbitrales han efectuado de dicho marco normativo para así determinar si el sistema de arbitraje de inversión constituye un mecanismo adecuado para la resolución de controversias en las cuales, directa o indirectamente, la disputa versa sobre cuestiones relacionadas con el medioambiente y los diversos elementos que lo integran, haciendo especial referencia a los acuerdos en vigor suscritos por Canadá, como consecuencia de la especial atención que en los mismos se le brinda a la regulación y protección del medioambiente.

Este trabajo, con el fin de ir más allá de una mera revisión del estado actual de la cuestión, propone diversas reformas que permiten una mejor adaptación del sistema de arbitraje de inversión a las características y particularidades propias de la gestión de controversias en las que, directa o indirectamente, entren en juego asuntos de índole medioambiental. Dichas propuestas se centran en la apertura del procedimiento arbitral a terceras partes, tales como representantes de la sociedad civil, y la asistencia técnica al tribunal en aquellas materias altamente técnicas que requieren un mayor grado de especialización.